Reclamaciones de transportistas contra Cártel de fabricantes de camiones
- Los adquirentes de camiones de las marcas MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF entre los años 1997 y 2011, podrán reclamar en los tribunales una media de 18.000 euros más intereses y más IVA, por camión comprado, que es la estimación del sobreprecio debido al acuerdo de los fabricantes para elevar los precios.
- Nuestra firma de abogados pone a disposición de empresas y autónomos perjudicados por el pacto de precios un servicio de defensa legal procesal altamente cualificado.
Reclamaciones de transportistas contra Cártel de fabricantes de camiones. Hispajuris y Bolonia Abogados han preparado una sólida defensa legal de los intereses de los compradores de camiones perjudicados por el cártel de fabricantes, basada en la aportación de nuestro Departamento de Derecho del Transporte, en coordinación con uno de los mayores expertos de España en Defensa de la Competencia, nuestro abogado D. Rafael García-Palencia.
Nuestra defensa procesal de los demandantes está sostenida, además, en un Informe Pericial específico por fabricante implicado, al que en cada caso acompaña un informe particular por camión, en base a los cuales se determina la indemnización concreta a percibir por estas actuaciones fraudulentas.
Tales informes acreditan de un modo preciso los sobrecostes derivados de la fijación de precios en fábrica y de la implantación de las medidas de control de emisiones así como de la inexistencia de un “passing-on” para repercutir esa inflación concertada de precios al cliente final.
Los hechos que respaldan las demandas en favor de los perjudicados
El 19 de julio de 2016, la Comisión Europea descubrió que los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF quebrantaron el Artículo 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y el Artículo 53 del Acuerdo EEE, qu e prohíben cárteles y otras prácticas restrictivas de negocio.
La Comisión descubrió que estos fabricantes de camiones se pusieron de acuerdo durante 14 años (de 1997 a 2011) para la fijación de precios y para repercutir a sus clientes los costes del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la UE. Por estas infracc iones, la Comisión impuso una multa récord de 2.930 millones de euros. MAN evitó una multa al informar del cártel a la Comisión. Volvo/Renault tendrá que pagar 670,5 millones de euros, en tanto que Daimler fue multado con 1.008 millones, Iveco con 494,6 millones y DAF con 752,7 millones.
Todos los fabricantes de camiones han reconocido su participación en el cártel, excepto Scania, cuya implicación continúa bajo investigación.
Quiénes pueden reclamar
Los perjudicados son los adquirentes de camiones de las marcas MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF entre los años 1997 y 2011.
También lo serían quienes suscribieron un contrato de leasing de dichas marcas, en esos años.
Cuántos camiones hay afectados
El volumen de ventas que está siendo investigado por la Comisión Europea es de alrededor de 10 millones de camiones dentro de la Unión Europea, y unos 200.000 en España en ese período de tiempo y de esas marcas.
Cuánto podría reclamar el comprador afectado
El precio de estos vehículos industriales (camiones de carga media y carga pesada) oscila desde los 40.000 € hasta los 120.000 € (algunos modelos, incluso más), lo que nos arroja un precio medio de 80.000 €.
Según las estadísticas relativas a colusorios, el sobrecoste fluctúa entre un 15% – 20%, lo que en términos absolutos, nos daría un sobrecoste que habría que solicitar como indemnización de unos 12.000 € + IVA + intereses de demora.
A esto habría que sumarle el coste de la implantación de los sistemas de retención de gases contaminantes, que como bien dice en la nota de prensa de la Comisión Europea, está demostrado que los fabricantes hicieron un Passing-On. Estos sistemas en camiones pueden encarecer hasta en 10.000 €/unidad.
De la suma de ambos perjuicios daría un total de 18.000 €+ IVA + intereses de demora, a reclamar, como media, por camión.
Precedentes favorables a la viabilidad de las demandas contra los fabricantes
El cártel del azúcar, formado por Ebro Foods y Acor, Sociedad cooperativa, fue condenado en España, con sendas sentencias del Tribunal Supremo, a indemnizaciones de daños y perjuicios por un total de 5 millones de €, más intereses, derivados de su responsabilidad por concertar los precios de venta del azúcar para usos industriales. Dicho pacto perjudicó a varias asociaciones empresariales de fabricantes de dulces (galletas y pasteles), caramelos, chicles, chocolate y derivados del cacao, turrones y mazapanes, que demandaron luego a las empresas del cártel.
La condena judicial fue igualmente precedida de una sanción autoridades de la competencia en aquélla ocasión, del Tribunal de Defensa de la Competencia, por importe de 8,74 millones de €.
De ello resulta un caso análogo al que se presenta ahora con el cártel de fabricantes de camiones: la viabilidad de reclamaciones civiles de daños por prácticas anticompetitivas prohibidas, a resultas de una decisión de la autoridad de defensa de la competencia, y con el fin de compensar los daños que dichas prácticas restrictivas ocasionan.
El escenario legal para reclamar se completa con el hecho de que España tiene pendiente la transposición al Derecho interno, de una Directiva comunitaria sobre demandas de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia, y que, en defecto de dicha incorporación al ordenamiento español, sería directamente aplicable por los tribunales de España.
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